Estos procedimientos se sostienen casi siempre sobre la declaración de la persona denunciante, que puede ser prueba de cargo suficiente, y sobre lo que la rodea: la primera versión ofrecida en dependencias policiales, el parte de asistencia, el informe médico forense, los restos biológicos y los mensajes anteriores y posteriores a los hechos. El trabajo consiste en obtener el expediente completo desde el inicio, contrastar cada declaración con las siguientes y pedir a tiempo las periciales que después no podrán practicarse. La reforma del consentimiento ha desplazado el debate hacia cómo se acredita la voluntad manifestada en cada momento.

Cuando la víctima es menor de catorce años, la exploración se practica una sola vez como prueba preconstituida, con asistencia de especialistas, de modo que la intervención letrada en ese momento condiciona todo el juicio posterior. En los delitos cometidos a través de dispositivos, la discusión se traslada a la cadena de custodia digital, a la atribución del terminal o de la conexión y a la fecha real de los archivos. Desde la acusación particular, el despacho se persona cuanto antes para solicitar medidas de protección, evitar declaraciones repetidas y cuantificar la reparación con informes propios.