Estafa, apropiación indebida, robo, hurto, insolvencias punibles y daños. Defensa y acusación particular en todas las instancias, en Barcelona y en el resto de España.
Reúna toda la documentación de la relación: contratos, facturas, correos y justificantes de pago, sin editarlos ni reordenarlos. No transfiera fondos ni cierre cuentas después de conocer la denuncia. Si le citan, acuda con abogado y no aporte documentos sueltos antes de que la causa esté analizada.
Este bloque abarca desde el hurto y el robo hasta la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal, los delitos societarios, el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. Comparten un elemento común, el perjuicio económico, pero se investigan de forma muy distinta: unos se resuelven con cámaras y reconocimientos, y otros con contabilidad, contratos, movimientos bancarios y periciales económicas que pueden ocupar miles de folios.
La frontera crítica es la que separa el incumplimiento civil del delito. No toda deuda impagada es estafa: hace falta un engaño previo y bastante que provoque el desplazamiento patrimonial, y un dolo existente ya en el momento de contratar. Cuando la intención de no cumplir aparece después, el asunto pertenece a la jurisdicción civil o mercantil, por mucho que el perjuicio sea real y elevado.
Apoderamiento de cosa mueble ajena sin violencia ni intimidación y sin fuerza en las cosas. Por debajo de cuatrocientos euros es delito leve, salvo agravaciones. La pena sube cuando recae sobre objetos de valor artístico o histórico, conducciones o cableado de servicios, o cuando concurre multirreincidencia.
Sustracción empleando alguno de los medios legalmente tasados: escalamiento, rotura de pared o techo, fractura de puerta, uso de llaves falsas o inutilización de sistemas de alarma. La pena se agrava de forma notable cuando el robo se comete en casa habitada o en sus dependencias.
La sustracción se acompaña de fuerza sobre las personas o de amenaza que doblega su voluntad. Se agrava si se usan armas u otros medios peligrosos o si ocurre en casa habitada, y puede rebajarse cuando la violencia empleada y el valor de lo sustraído son de menor entidad.
Uso de engaño bastante para producir error en otra persona y determinarla a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Incluye las modalidades informáticas: transferencias no consentidas, suplantación bancaria y fraudes en la contratación electrónica. El engaño debe ser anterior y causante del desplazamiento patrimonial.
En la apropiación indebida se recibe legítimamente dinero o bienes con obligación de devolverlos o entregarlos y se incorporan al propio patrimonio. En la administración desleal se excede o infringe la facultad de administrar bienes ajenos causando un perjuicio. La diferencia está en el título por el que se poseía.
Adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, o ayudar a ocultar su origen. Admite comisión por imprudencia grave y no exige condena previa por el delito antecedente: basta con acreditar su existencia mediante indicios sobre el origen y el destino de los fondos.
Las horquillas que siguen son el marco que fija el Código Penal, no la pena que se impone en un caso concreto. Dentro de ese marco, la condena final depende del grado de ejecución, del papel de cada interviniente y de las circunstancias atenuantes y agravantes que se aprecien.
Un dato que suele importar más que la horquilla: las penas de prisión de hasta dos años pueden suspenderse cuando no hay antecedentes penales relevantes y se atienden las responsabilidades civiles, lo que en la práctica evita el ingreso.
De 6 a 18 meses de prisión. Multa de 1 a 3 meses cuando lo sustraído no supera los 400 €.
De 1 a 3 años de prisión en los supuestos agravados del artículo 235.
De 2 a 5 años de prisión.
Se impone en su mitad superior si se emplean armas o el robo se comete en casa habitada.
De 6 meses a 3 años de prisión.
De 1 a 6 años de prisión y multa en los supuestos del artículo 250. De 4 a 8 años si la defraudación supera los 250.000 €.
De 6 meses a 6 años de prisión y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Se impone en su mitad superior si los bienes proceden del tráfico de drogas.
En los delitos patrimoniales clásicos el trabajo se concentra en la identificación: calidad de las imágenes, condiciones del reconocimiento fotográfico y en rueda, y trazabilidad de los efectos intervenidos. También en la calificación, porque la línea entre hurto, robo con fuerza y robo con violencia depende de detalles fácticos concretos que muchas veces el atestado resume en una frase. La devolución de lo sustraído y la reparación del daño tienen efecto atenuante real.
En los asuntos económicos la defensa es documental y pericial. Se reconstruye la operativa con contratos, actas societarias, correos y extractos bancarios para mostrar que hubo una operación real fallida y no un engaño inicial. Se discute la pericial de la acusación con informe propio, se cuestiona la trazabilidad de los flujos y se plantea, cuando procede, la consignación o el pago como vía de atenuación e incluso de solución del conflicto.
Solo si concurre engaño anterior al contrato o al pago. Si usted contrató con voluntad real de cumplir y luego no pudo hacerlo, se trata de un incumplimiento civil, aunque la otra parte presente denuncia. Los juzgados suelen archivar estos asuntos cuando la documentación acredita una operación mercantil real con dificultades sobrevenidas.
No de forma automática, porque la mayoría de estos delitos son públicos y no dependen de la voluntad del perjudicado. Sí produce efectos relevantes: la reparación del daño antes del juicio opera como atenuante y puede reducir la pena de manera apreciable, además de facilitar acuerdos con la acusación particular y la suspensión de la condena.
Depende de la pena que finalmente se imponga. Las penas de prisión de hasta dos años pueden suspenderse si no hay antecedentes penales relevantes y se atienden las responsabilidades civiles, lo que en la práctica evita el ingreso. Por eso la negociación sobre la calificación y sobre la indemnización suele ser tan determinante como el debate probatorio.